Los municipales esperan que se cumpla la ley que obliga a los intendentes a firmar convenios colectivos de trabajo y paritarias con sus empleados

Los municipales esperan que se cumpla la ley que obliga a los intendentes a negociar paritarias

Sin alarma, pero en guardia. Así reaccionó la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) tras conocer la reunión entre la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en la que se planteó la posibilidad de postergar el plazo límite, del 6 de enero próximo, para aplicar la ley que obliga a los intendentes a firmar convenios colectivos de trabajo y paritarias con sus empleados.

“Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tener la ley 14.656 y no vamos a permitir volver al sistema del neoliberalismo por un acuerdo entre dos políticos”, dijo Rubén García, secretario general de Fesimubo, que reúne al 92% de los municipales bonaerenses. “Si están buscando algún pretexto para aplicar un ajuste con nosotros, se equivocan”, completó.

El viernes, de hecho, se cumplió un año de la sanción de la ley 14.656, que busca evitar que los intendentes definan por decreto las condiciones laborales en sus distritos. La nueva ley ordena acordar convenios colectivos de trabajo y abrir paritarias. Pero también garantiza una serie de derechos básicos que, si no se firma el convenio, empezarán a regir de hecho el 6 de enero próximo.

Hasta el viernes, de los 135 municipios bonaerenses, sólo cuatro firmaron un convenio con los gremios: San Isidro, Merlo, Campana y Coronel Vidal. Pigüé lo haría la semana que viene, señalaron en Fesimubo. “La mayoría de los intendentes pateó para después del ballottage la firma de convenios. Entre 30 y 35 municipios están negociando y esperamos que antes del 6 de enero estén firmados lo 135″, agregó García.

La preocupación de los intendentes massistas, macristas y kirchneristas, en particular los que accederán al poder el 10 de diciembre (muchos de ellos, sin conocer la cantidad de empleados que recibirán), es que la aplicación de la ley podría disparar los gastos en sueldos.

Entre otras reparaciones, la norma restituye porcentajes de antigüedad eliminados en los años 90, fija como máximo un 20% de empleados contratados (con un plazo de 5 años para cumplir ese cupo) y obliga a respetar el salario mínimo vital y móvil, situación que, a través de contratos, becas y cooperativas, eluden el grueso de los municipios.

De hecho, no faltan casos de líderes de sindicatos locales que son, a la vez, concejales del bloque que responde al intendente.

“Tuvimos problemas con todos los colores políticos”, señaló García, aunque priorizó sus críticas sobre municipios massistas -Hurlingham, Malvinas Argentinas y Tigre- y abrió el paraguas frente a los nuevos intendentes de Cambiemos: “Me preocupan los amarillos que llegan con el cambio. Como Martiniano Molina [electo en Quilmes], quien dijo que sobran 2000 empleados. Que quede claro, nosotros no defendemos ñoquis, pero hablan de los trabajadores como si fueran un número”.

“Esperamos reunirnos con Vidal después del 10 de diciembre. Ella sabe que somos dialoguistas, que no somos talibanes. No creo que la gobernadora electa avance con esta idea, que apunta contra una lucha de diez años”, especuló García. Y aclaró: “Ningún dirigente gremial quiere que el municipio se funda”.

En los entornos de Vidal y de Massa evitaron dar cualquier otro detalle del encuentro que mantuvieron el jueves de la semana pasada. Sus intendentes, y también algunos del kichnerismo, esperan con ansias una definición frente al conflicto.

Fuente: Marcelo Veneranda para La Nación