El Palacio Otamendi será concesionado

El Palacio Otamendi, una casa abandonada en el barrio de Belgrano y un campo en Santo Tomé (Corrientes) son los tres inmuebles con los que el Estado pondrá en funcionamiento un nuevo tipo de relación pública-privada: el derecho real de superficie.

La herramienta se aplicará a predios que el Gobierno consideró abandonados o en mal estado y se pondrá a prueba con tres espacios que se ofrecerán vía licitación pública. A través de una decisión administrativa, el Gobierno autorizará en los próximos días a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de los tres inmuebles bajo la figura de derecho real de superficie.

El objetivo es revalorizar inmuebles de alto valor histórico y que no caigan en desuso.

La concesión tiene una duración máxima de 70 años sin mínimo establecido y el precio base para subastar estos inmuebles debe ser definido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.El derecho real de superficie es una figura legal por la que se ponen a disposición el espacio y el uso del lugar sin que el Estado se desprenda de la propiedad. Es una inversión temporal que permite utilizar, plantar o construir en ese sitio sin venderla.

Por ceder esos inmuebles, el Estado puede cobrar a los inversores de forma mensual o anual según el tiempo que establezca la licitación. La recaudación se repartirá en un 70% para el organismo gubernamental al que pertenezca el inmueble, mientras que el 30% restante va al Tesoro.

Los tres inmuebles mediante los que se impulsarán proyectos de inversión son la Casa Mansilla, en la Capital Federal; el Palacio Otamendi, en nuestra ciudad y el establecimiento General Cáceres, en Santo Tomé (Corrientes).

La Casa Mansilla está ubicada en la calle 3 de Febrero 2371. Es un edificio de estilo arquitectónico neoclásico italiano del siglo XIX que, según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, está en riesgo.

Lo mismo ocurrió con el Palacio Otamendi, que se encuentra en la calle Sarmiento 1427 de San Fernando. Según fuentes oficiales, el edificio está en “total estado de abandono, grave deterioro, sin uso ni ocupación”.

Por último, se aplicará esta nueva figura en General Cáceres, un campo de 8000 hectáreas. La idea aquí es aprovechar el crecimiento forestal de la zona y el período máximo del derecho real de superficie es de 22 años.

Julia Arriso para La Nación