¿Cuánto deberíamos pagar de impuesto a las ganancias?

Por Guido Ingrassia*

Tributo existente desde 1933 en plena crisis exportadora y generalizado en 1973, el Impuesto a las Ganancias fue hasta hace unos años sinónimo de altos ingresos personales y de beneficios empresariales.

Los argentinos gozamos durante años de una licencia que pocos países se dieron el lujo de tener. Un impuesto considerado moderno y progresivo que recaía sobre un universo muy pequeño de personas físicas y jurídicas. Claro que el resto del financiamiento, en buenas épocas provinieron de las exportaciones y en las malas épocas de otros tributos a los consumos o nuestra especialidad: el impuesto inflacionario o deuda externa.

Así hemos vivido durante años, hasta que alguien derogó la ley de convertibilidad salvo por la cláusula anti-actualización.
Sinónimo de riqueza, el Impuesto a las Ganancias empezó a alcanzar a los asalariados y jubilados. El recibo de sueldo empezó a reflejar un nuevo reglón mucho más antipático que la obra social, el sindicato o el aporte para la ANSeS. Sumado a esto, el mecanismo de retención que efectúan los empleadores es fulminante con muy poco margen para evadirlo. En nuestra sociedad, esa característica es imperdonable.

La clase media no tiene que pagar ganancias. El salario no es ganancia. El impuesto es una estafa.

Ninguno de estos conceptos, alentados por dirigentes gremiales o políticos tiene sustento.

La clase media, esa masa de personas de la que 70% de la sociedad se siente parte, necesariamente tiene que contribuir en alguna medida si queremos hacer un Estado sostenible. Así sucede en todo el mundo. La pregunta a los dirigentes es si es más justo percibir IVA por productos de la canasta básica, o en el servicio eléctrico, o mejor preguntarles cuál es su concepto de justicia o equidad tributaria. Díficil creo responderlo en una sociedad en donde no caben dudas que un trabajador registrado debidamente es un verdadero privilegiado.

El nombre de la Ley, dado su hecho generador debiera ser “impuesto a los Ingresos”, no a las ganancias, aunque efectivamente se alcanzan a los ingresos menos los gastos. Es una cuestión semántica no menor que alienta el lema que el salario o la jubilación no es ganancia. Es un ingreso habitual, por ende previsto en la cuarta categoría de la ley y alcanzado por el impuesto. Punto final.

Estos comentarios nos llevan a hacernos la pregunta del encabezado: ¿Cuánto sería justo que paguemos de impuesto a las ganancias?
El sentido de la ley y la justicia indica que el Impuesto debiera impactar una vez cubiertas las necesidades básicas de los sujetos y sus familias (puede incluirse un ahorro). Ese monto es hoy muy debilmente reflejado en el “mínimo no imponible” y en algunas de las deducciones previstas por la ley para reflejar lo más posible la situación personal del contribuyente y su familia.

A partir de allí, la decisión política del Congreso de la Nación a propuesta del Ejecutivo hace el resto, fijando las alícuotas progresivas que hacen el resto del trabajo. En algunos países (de esos que nos preguntamos con nostalgia, cómo lograron su éxito), alcanzan el 60%. ¡Qué estúpidos!

Hoy se encuentran en juego varias propuestas. Algunas con más o menos fundamentos tendientes a modificar la Ley del Impuesto a las ganancias. Los contribuyentes pagarán menos impuestos o dejarán de hacerlo. No creo que nadie se queje, salvo en caso de que hayan expectativas mayores.

Resentidos quedarán los fondos producidos que se reparten entre la Nación, las provincias y la ANseS. Nada de que preocuparse en la medida que se reduzcan los gastos del Estado, en donde como sabemos, una gran porción se la llevan los servicios sociales. De lo contrario seremos protagonistas de un nuevo capítulo del endeudamiento crónico o la continuidad indefinida de la inflación.

Es verdad que los niveles de presión tributaria pueden ser de los más elevados de la historia, pero creo que nunca hemos tenido un sistema tributario en donde manifestaciones directas de capacidad contributiva, (renta y el patrimonio) han sido tan protagonistas.
Eso lo convierte, mal que nos pese, en un sistema justo o al menos en el más justo que supimos conseguir.

Sobre los pobres, aquellos que pelean diariamente su subsistencia y que nunca se enteraron de esta “estafa” hecha por el Estado a los que si pueden contribuir, les espera un futuro aún más incierto.

(*) Guido Ingrassia. Abogado tributarista