Si la política no es la herramienta, el neoliberalismo es rey

Por Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte*

Conocer las causas y las consecuencias de las decisiones políticas es el primer paso de la construcción de una ciudadanía que maneje las riendas de su destino.

Pobreza cero, cuidar la república, justicia independiente, volver al mundo, combate a la corrupción y el narcotráfico, la lista de slogans marketineros es interminable e igual a la lista de mentiras que escuchamos del macrismo y de su alianza con el radicalismo “Juntos por el Cambio”. Aquellos que se encumbraron en el gobierno e hicieron trizas casi todo, aquellos que intentaron vendernos la filosofía de la meritocracia, ellos cuyo único mérito es ser descendientes de los genocidas de la campaña del desierto, la patria financiera y contratista. Lo poco que resistió en los últimos 4 años fue gracias a los que ponen a la política y la lucha reivindicativa en un lugar importante de la vida cotidiana.

Para poder llevar adelante la destrucción del Estado y el proceso de endeudamiento más fenomenal que hayamos conocido fue necesario, entre otras cosas, la manipulación de la opinión pública. La democratización de la palabra y la ley de medios (perfectible pero un avance en el ejercicio de derechos) fueron barridas y ya sin obstáculos se profundizó la propiedad concentrada de medios de comunicación audiovisual, cable, prensa, telefonía e internet. Falsas noticias, las fake news, el decálogo duranbarbista sin respetar ningún código ético, fueron construyendo una realidad que lejos estaba de lo que ciudadanos y ciudadanas vivíamos. Es necesario revisar e instrumentar regulaciones que al menos neutralicen la posición dominante de estos grupos para adecuar su integración a los estándares de los estados democráticos que no permitan sus prácticas monopólicas, mercantilistas y manipuladoras.

Del mismo modo y, en sintonía con la legislación antimonopólica vigente desde la última reforma constitucional, resulta imperativo intervenir en el rubro de la producción, distribución y comercialización de alimentos e insumos esenciales, campo en el que ya el nuevo gobierno está actuando a raíz de la emergencia sanitaria para impedir alzas injustificadas de precios.

El resultado de las últimas elecciones expresó la necesidad popular de un cambio profundo. Sin embargo no caben ingenuidades: sabemos que los grupos económicos concentrados no ceden voluntariamente sus ganancias ni sus privilegios, como también sabemos que los mismos fueron conseguidos en base a negocios espurios aprovechándose del Estado. Negocios manejados sin ética, sin ley, sin escrúpulos, festejando cada objetivo logrado, aunque fuese motivo de penuria para millones y el endeudamientos de décadas para todos y todas en este país. Los y las compañeras que en este febrero realizaron la 5° Marcha por La Soberanía a Lago Escondido dan cuenta de una patria alambrada y enajenada: caminos, servicios, paisajes, todo en manos privadas y extranjeras. Los recursos naturales y las bellezas de la Nación deben ser administrados por las autoridades elegidas democráticamente y disfrutadas por las mayorías, como bien dice el ex juez Arias, el soberano es el pueblo y ningún magnate de aquí o de allá debe alzarse con atribuciones superiores a las del gobierno.

Reformar el poder judicial es hoy una prioridad. Es imprescindible nombrar magistrados para agilizar el trámite de las causas de lesa porque verdugos y víctimas se mueren, unos en la impunidad y otros en la injusticia. Se requiere también de legislación que de ordenamiento a esa agilización.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES y CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA han sintetizado parte de nuestras aspiraciones durante décadas de lucha. Más de 1000 condenados a lo largo de 14 años de juicios son el resultado de esa aspiración y el compromiso que sobrevivientes y familiares hemos sostenido. Pero cuando el estado habilita prisiones de privilegio para los presos por delitos de lesa humanidad como el que existe en Campo de Mayo, donde sus condiciones carcelarias están en las antípodas de las de cualquier otro preso, la cárcel para los genocidas deja de ser sanción. Repudiamos la arbitrariedad de los jueces que a pesar de informes contrarios otorgan de manera automática el beneficio de la prisión domiciliaria, cuando el código no establece que deba resolverse de esa manera.

Celebramos la decisión de establecer un sitio de memoria en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención El Campito, una aspiración largamente planteada por los organismos y las víctimas, que se vio postergada durante décadas y le solicitamos al presidente Alberto Fernández que derogue el decreto del Gobierno anterior sobre la Creación de la Reserva Ambiental de la Defensa en Campo de Mayo. Esperamos también que prontamente todos los resortes del estado vuelvan a ponerse al servicio de la búsqueda de los más de 300 nietos que faltan encontrar.

Desarticular las relaciones espurias entre el poder judicial, el sistema de inteligencia y sectores políticos y mediáticos es prioritario para el funcionamiento de la democracia y la plena vigencia del estado de derecho.

Más allá de discusiones semánticas es imprescindible realizar todas las acciones posibles para desarticular los mecanismos de persecución política a opositores, persecución que el régimen nefasto de Cambiemos tempranamente inauguró con la prisión de Milagro Sala e integrantes de la Túpac, en el feudo indigno de Gerardo Morales y que aún azota a muchos y muchas cuyos crímenes consistieron en ser parte de un gobierno anterior o ser luchadores que resistieron el avasallamiento brutal de derechos de las mayorías populares. Se requiere de manera urgente revisar las procesos judiciales armados al amparo de los Law fare. Por ello sumamos nuestro grito al de ¡LIBERTAD PARA TODOS Y TODAS LAS PRESAS POLÍTICAS!

Saludamos las medidas que aseguran la NO participación de las FF AA en seguridad interior, anulando el decreto del macrismo. Fue una larga lucha de la ciudadanía organizada lograr apartarlas: la militarización incrementa la violencia, no resuelve el problema del delito y es una buena excusa para no democratizar las fuerzas.

Como manifestamos oportunamente en respuesta a desafortunadas palabras de Alberto Fernández el simple hecho de que los militares en actividad hayan egresado en tiempos de democracia no garantiza per se conductas acordes ni consolidados valores democráticos. El ejemplo de Bolivia duele y visibiliza la necesidad de desterrar la formación o asistencia de las fuerzas a capacitaciones en EEUU. Podemos agregar las atrocidades de los Carabineros, pero la cosecha local está plagada de ejemplos. Ojalá algún día observemos que las fuerzas represivas se unen a los manifestantes como en Alemania, por ejemplo. Vamos a repetir una obviedad: luchamos para que un día no haya necesidad de fuerzas armadas y las fronteras sean una marca cultural enriquecedora y no motivo de disputas egoístas.

Nos resultó auspicioso que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, haya convocado a los organismos de derechos humanos como una de sus primeras acciones en función de gobierno, para compartir sus planes y escuchar sugerencias y demandas. Además, reunirse con organizaciones sociales, perseguidas y reprimidas durante la era macrista por oponerse y resistir la pérdida de derechos.

Es prioritaria la decisión adoptada de anular las últimas resoluciones ministeriales y protocolos firmados por Patricia Bullrich, quien ocupara la cartera de Seguridad en la gestión anterior, que incentivaban la desmesurada intervención policial, el abuso de la fuerza letal, vulnerando el derecho a la manifestarse, a peticionar, a transitar, a usar los espacios públicos pacíficamente y de transformar espacios de recreación para la población en espacios exclusivos para gendarmes. Es esencial la propuesta de revisar las prácticas de las fuerzas en los procedimientos y operativos; las pericias llevadas a cabo por sus peritos en casos testigos de abuso como el de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado.

Somos parte de la lucha feminista tan potente en nuestro país y que se alza imponente en el mundo. Es preciso avanzar en la transformación de las relaciones de poder sostenidas desde el patriarcado. Se impone el cese de todo tipo de violencias contra las mujeres y la diversidad, desde la física hasta la simbólica. Estamos frente a una oportunidad histórica de cambio, de deconstrucción, de cuidado de la vida, de igualdad. El “estado opresor es un macho violador” condensa la denuncia, la visibilización y lo imperioso de la transformación que debe atravesar a todos los poderes del estado y las prácticas de cada uno de nosotros y nosotras en nuestras organizaciones y en nuestra vida cotidiana. Es un tiempo de desafíos y los asumimos.

Nos preocupa, a nivel regional y mundial, los asesinatos y desapariciones de activistas, líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos. Este flagelo golpea a países hermanos como Colombia y Méjico. Por ello queremos destacar y dar la bienvenida a la iniciativa del poder ejecutivo de solicitar al poder legislativo la incorporación de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra la Desaparición Forzada al texto constitucional. Las Madres y Abuelas argentinas tienen un papel central en esta conquista.

Saludamos la ayuda y el asilo a las legítimas autoridades depuestas del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.

El país ha quedado desvastado y las demandas populares son muchas. Reconocemos que en el breve tiempo de su gestión, el nuevo gobierno abordó problemas fundamentales de cuya resolución depende el bienestar del grueso de la población. En esta coyuntura llegamos a este 24 de marzo, en un escenario que no conoce antecedentes para ninguna de nosotros y nosotras. La pandemia provocada por el coronavirus nos obliga salir de las calles (nuestro lugar por excelencia) como única y efectiva manera de cuidar y cuidarnos. El objetivo de la cuarentena decretada por el gobierno cumple con la obligación del Estado de preservar la vida de todes, primer derecho humano.

Hoy como ayer nuestra lucha es por la VIDA, por ello este 2020 nuestro espacio de encuentro no será la Plaza Canal. Desde aquel 1996 donde por primera vez volvimos a caminar juntos haciendo memoria por nuestros desaparecidos de Norte, con la lucha obrera como símbolo, año a año estuvimos allí. Este marzo marcharemos de otras maneras, pero no dejaremos de encontrarnos.

Nuestra comisión, como parte de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, convoca a la ciudadanía a sumarse al PAÑUELAZO BLANCO a partir de las 00hs del 24 de marzo. Con el hashtag #PañuelosconMemoria los invitamos a realizar acciones de difusión a través de tuitazos, videos, fotos de cada ventana, balcón, puerta, edificio o espacio público donde se cuelguen pañuelos BLANCOS, haciendo viva nuestra presencia en esta Jornada de Memoria, Verdad y Justicia.

¡ANTES Y AHORA LA LUCHA ES UNA SOLA!

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!

¡CARCEL COMUN Y EFECTIVA!

¡30000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDAS DESAPARECIDAS PRESENTES!

¡NUNCA MAS EL SILENCIO!

NUNCA MAS EL ODIO

NUNCA MAS GOBIERNO DE RICOS PARA RICOS

(*) Comisión Memoria, Verdad y Justicia de zona norte

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