by Sabrina Garcia | 30 diciembre, 2023 3:54 pm
Por Lucas Figueroa*
El fin de semana del 16 y 17 de diciembre evidenciamos amenazas, riesgo y un desastre socioambiental en la provincia de Buenos Aires. El epicentro lo tuvo Bahía Blanca, donde la caída de un techo en un club social dejó, al menos, trece muertos. Como tiende a suceder, estos eventos tuvieron fuerte repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Primero voy a clarificar algunos conceptos vinculados con la gestión de riesgos socioambientales, contextualizando los motivos de lo sucedido, para pensar estrategias de gestión pública para prevenir los efectos de estos eventos potencialmente desastrosos.
A las 7 de la mañana del 16 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja de 24 horas por tormentas en el este de Río Negro, casi toda la provincia de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que amenazan la vida, el ambiente y los bienes. Acá entramos en el primer concepto importante: la amenaza ambiental.
La amenaza ambiental está relacionada con situaciones generadas por condiciones naturales como una tormenta, la erupción de un volcán o un sismo. Una amenaza ambiental se distingue de una amenaza socioambiental, dado que en esta última el peligro es producido por la acción humana, por ejemplo, un incendio forestal. Sin embargo, no toda amenaza configura una situación de riesgo.
El riesgo socioambiental está compuesto por la conjunción de dos componentes: 1) la amenaza -ya mencionada- y 2) la vulnerabilidad que está relacionada con el contexto social en donde puede influir la amenaza. Entonces, una tormenta que avanza sobre ciudades genera una situación de riesgo socioambiental, sobre todo en las partes más vulnerables de esas ciudades. El conocimiento de estas alertas debería obligar a las autoridades locales, provinciales y nacionales a prevenir los efectos que puede tener esta situación de riesgo. En caso de que el episodio previsto suceda puede generar un desastre socioambiental, como sucedió en la provincia de Buenos Aires y CABA. Para terminar con nuestra necesaria clarificación conceptual, los desastres socioambientales están vinculados con pérdidas de vidas, de bienes económicos e infraestructura y ambientales. Solo para mencionar unos datos: en 2022 hubo a nivel mundial aproximadamente 30 mil muertos por desastres naturales, 185 millones de personas afectadas y unas pérdidas económicas de 223 billones de dólares, según un informe de la Universidad de Louvain de Bélgica.
Lo primero que cabe mencionar es que hubo una amenaza de riesgo claramente identificada y difundida con el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. A través de su página web y sus redes sociales, el SMN emitió distintas alertas de largo y corto plazo, algunas de estas de extrema gravedad por ejemplo en Bahía Blanca y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, el SMN alertó sobre la posibilidad de una situación de riesgo. Esto debería haber obligado la acción del Estado en sus distintos niveles de gobierno para reducir los efectos de la tormenta.
Es necesario destacar que las acciones de prevención y reducción de daños corresponden al nivel provincial, y en mayor medida al local como los servicios de defensa civil municipales o de la CABA. En el caso de CABA, se notó una clara ausencia estatal dado que no se desarrollaron acciones de prevención de riesgos. Por ejemplo, la decisión sobre la realización de los eventos masivos programados al aire libre durante la madrugada del domingo 17 quedó a decisión del sector privado (tal como quedó evidenciado con la reconocida fiesta Bresh en el barrio de Palermo, donde se derrumbó el escenario por efecto del viento). De hecho, el director de Defensa Civil de CABA, Alberto Carita, en una entrevista en TN comentó que la tormenta alertada fue solo un pronóstico y que no puede cortar todos los eventos por todas las tormentas proyectadas. Estas declaraciones evidencian la falta de conocimiento técnico sobre la clasificación de las alertas y sus potenciales magnitudes.
Algo similar ocurrió en Bahía Blanca en donde Defensa Civil del municipio envió recomendaciones de acción a la población una vez sucedido el desastre con las trece muertes mencionadas. En cuanto al nivel nacional y provincial, altos funcionarios de ambos poderes ejecutivos (incluidos el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof) se reunieron en Bahía Blanca para coordinar acciones para reducir el impacto del desastre. Más allá de los resultados de esa reunión, nuevamente queda en evidencia que en los abordajes gubernamentales tiende a primar el abordaje posterior de estos eventos en vez de las acciones de prevención y reducción de daños.
Los eventos de riesgos socioambientales pueden aumentar como consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, resulta fundamental pensar en estrategias de gobernanza para reducir los desastres socioambientales o sus efectos negativos.
A nivel nacional, contamos con la ley N°27.287/2016 que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Esta normativa propuso integrar las acciones y la articulación de organismos nacionales, provinciales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil para promover acciones que reduzcan los riesgos, mejoren el manejo de la crisis y la recuperación. Además, estableció un Fondo nacional para ser destinado a los organismos públicos encargados de diseñar e implementar estas tareas. El diseño de este marco normativo ha sido positivo al conceptualizar los principales términos vinculados con la gestión del riesgo y han habido algunos avances en la articulación intergubernamental.
Sin embargo, aún quedan varios desafíos importantes que son centrales para reducir las consecuencias del riesgo. El primero es continuar con la implementación de la ley SINAGIR y el Fondo establecido para fortalecer y homogeneizar los abordajes y capacidades técnicas de los organismos estatales encargados de implementarla. Al menos hasta la semana anterior, no han sido establecidas las autoridades nacionales encargadas de la implementación de esta ley, algo preocupante en este contexto. Además, es sabido que los municipios y gobiernos provinciales no cuentan con capacidades desarrolladas en esta área, y un ejemplo claro fueron las declaraciones del titular de Defensa Civil de CABA que parece desconocer los conceptos de esta ley.
El segundo es promover con mayor énfasis la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de las comunidades locales en el diseño de estrategias de gestión del riesgo. El abordaje de la gestión local de riesgos socioambientales resulta central porque pone en el centro de la toma de decisiones a personas que habitan los territorios potencialmente amenazados (un ejemplo, son los mapas de riesgos generados localmente). De esa forma, la interconexión entre los saberes locales y estatales puede ser sumamente beneficioso para reducir los impactos del riesgo socioambiental, tal como lo establece también la ley SINAGIR.
Por último, mientras se avanza en la implementación de esta ley, resulta importante que tanto los organismos estatales como la población en general reconozcan y sigan la información brindada por el SMN que es un organismo de reconocida institucionalidad dentro de la administración pública nacional. El SMN está compuesto por meteorólogos y otros científicos que han diseñado sistemas de información que han sido difundidas con claridad hacia la población en general.
En conclusión, el cambio climático puede generar una mayor frecuencia de este tipo de riesgos. En este sentido, la ley SINAGIR es un instrumento normativo importante para buscar la homogeneización en el abordaje de situaciones que puedan derivar en desastres socioambientales. En esa línea, debe ser una política de Estado continuar con el fortalecimiento y las capacitaciones de los organismos nacionales, provinciales y municipales encargados de prevenir y reducir los impactos de estos eventos.
(*) Lucas M. Figueroa, coordinador académico de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales (EPyG-UNSAM), miembro del Área de Ambiente y Política de la EPyG y especialista en el diseño e implementación de políticas ambientales en contextos multinivel
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