¿Por qué nos inundamos en la provincia de Buenos Aires?

Por Pablo Romanazzi*

Responder a esta pregunta nos lleva a considerar múltiples factores que pueden ser englobados en dos componentes principales: los eventos hidrometeorológicos extremos que se vienen manifestando desde hace por lo menos cuatro décadas y las acciones desarrolladas sobre el territorio bonaerense con unidades geográficas precisas como son las cuencas hídricas.

Para el primer componente existen numerosos trabajos antecedentes que dan cuenta de la gravedad de los eventos que se vienen sucediendo, no solo aquí sino en muchas otras regiones del planeta: variabilidad o cambio climático -cualquiera sea la posición que adoptemos- cede a lo contundente de las cifras (en cuanto a número de casos de tormentas severas e inundaciones ) y obliga a considerar este tema como de carácter permanente y dinámico, exigiendo un monitoreo continuo de su evolución temporal.

En consecuencia, este tema tiene un alcance que no caduca con el mandato de los decisores y responsables a nivel nacional, provincial y municipal sino que requiere de una férrea política de Estado a largo plazo.

El segundo componente ha dado lugar a todo tipo de controversias acerca de la efectividad de las obras hidráulicas y/o medidas estructurales correctivas que se puedan implementar en una cuenca. Lo cierto es que estamos muy lejos de los límites físicos que estas obras hidráulicas pueden alcanzar bajo una planificación continua con optimización de las inversiones.

Contrariamente a lo ya indicado, aquí se da la paradoja de verificar la existencia de numerosas partidas presupuestarias para estos fines pero que, aunque la escala de lo destinado es claramente insuficiente, tampoco se observan mejoras parciales sustanciales, resultando así en una infraestructura principal en materia de desagües que es prácticamente la misma desde hace varias décadas. A esto se suma la ocupación y/o cambio de uso del territorio de forma completamente descontrolada, cediendo a una presión inmobiliaria feroz y muchas veces impulsada por los mismos gobiernos locales que deberían velar por el cumplimiento de normas tan elementales como la de no asentar urbanizaciones en sectores bajos inundables ni en las planicies de inundación de los principales emisarios del sistema de desagüe. La dinámica que impone esta ocupación irresponsable se ve favorecida porque no existe una planificación previa, derivando en que la infraestructura existente no es apta (ni se puede adaptar fácilmente) para estas nuevas situaciones provocando así mayores daños e inconvenientes para los vecinos, los usuarios de caminos, la producción del campo y la industria.

En definitiva, una gestión responsable de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires no puede seguir siendo postergada: la especulación sobre la chance de observar nuevos fenómenos extremos en el corto plazo de un mandato electoral debe necesariamente dar paso a un convenio entre todas las fuerzas políticas para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de programas de permanente evaluación y reducción del riesgo provocado por la amenaza de una tendencia creciente de la severidad de las precipitaciones.

* Pablo Romanazzi – Hidrólogo

Nota publicada en La Nación