by Pablo Piris | 20 octubre, 2014 12:04 am
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recibió en 2013 el Galardón de Plata del Premio de la ONU a las Mejores Políticas del Futuro. DEF dialogó con su máximo responsable, el director del Registro Nacional de Armas (RENAR) Matías Molle, quien brindó detalles acerca de las políticas públicas de nuestro país en esta materia.
-¿Cómo nació el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas?
-El plan surgió a partir de la iniciativa de asociaciones de la sociedad civil, que propusieron la idea en un momento en que se había producido en el país una serie de hechos de conocimiento público, como el ocurrido en 2004 en Carmen de Patagones (Junior, un chico de 15 años, entró a clase con una pistola 9 milímetros de su padre y disparó contra sus compañeros, provocó la muerte de tres e hirió a cinco de ellos), el asesinato a balazos en 2005 de un joven en una discusión de tránsito en una ruta de acceso a un barrio privado, y el caso del “tirador de Belgrano” que mató a Alfredo Marcenac en 2006. La Red Argentina para el Desarme (RAD) y un grupo de ONG empezaron a reunirse con víctimas y a moldear la propuesta. Se la presentaron a Aníbal Fernández en Casa Rosada, y el día que tenían cita con él, se reunieron con Néstor Kirchner, quien presentó enseguida el proyecto en el Congreso. La Ley 26216, que implementó el programa, fue aprobada a fines de 2006 y promulgada a principios de 2007.
-¿De qué manera se instrumenta en la práctica?
– Nosotros partimos de la base de lo que ha sido históricamente el mercado de armas en la Argentina. El RENAR fue creado en 1975, pero en su faz moderna funciona a partir de 1993. Hasta ese momento, las armas de uso civil se fabricaban sin que existieran grandes controles. El propietario del arma no necesitaba ser “legítimo usuario”; iba con su DNI a un armería, la compraba y le avisaba a la Policía local. Ese era el único control que había. En Argentina llegó a haber 50 fábricas de armas, todas destinadas al mercado interno; el país produjo una gran cantidad de armas de pequeño calibre que se siguen viendo hasta hoy, porque se trata de un bien que, si se cuida, dura. Tengamos en cuenta que llegó a haber más de 150 marcas de armas argentinas. Nuestro programa intenta reducir ese circulante, que está en la casa de los argentinos. Para eso permite que los usuarios se deshagan del arma, ya sea presentándose en una sede del RENAR o en un puesto móvil. No les pedimos ninguna identificación. Esa fue una de las discusiones que tuvimos cuando se presentó la ley, ya que muchos consideraron importante tener los datos disponibles para investigaciones. El problema era que si poníamos ese requisito, nadie se iba a presentar. Por eso la alternativa por la que optamos fue que el desarme fuera anónimo y voluntario.
-¿Cómo se lleva a cabo el proceso de destrucción de las armas?
-Si es por desarme voluntario, nosotros en el puesto móvil ya hacemos una primera destrucción para que la persona vea que no existe la posibilidad de reutilizarla. Con una prensa hidráulica, achatamos el cañón y la inutilizamos. Después la llevamos a una empresa que tiene una trituradora, que está imantada; la tritura y separa la parte ferrosa de la escoria. La parte ferrosa va a fundición y nosotros lo terminamos donando a una entidad de bien público.
-¿Cómo funcionan los incentivos monetarios que se otorgan a quienes entregan sus armas?
-El pago del incentivo económico se instrumenta a través de la entrega de un cheque del Banco Nación al portador. Este año actualizamos la cifra y hoy estamos entregando entre 500 y 2000 pesos de acuerdo al tipo de arma. El sistema que instrumentamos nos permitió hacer un análisis histórico del tipo de armas que había en circulación en Argentina. El 80 por ciento de ellas eran de industria nacional, relativamente viejas. Entonces decidimos incentivar a quienes tuvieran el tipo de armas de mayor circulación para que se acogieran al desarme. Eso hizo que subiera en un 200 por ciento la entrega voluntaria. Solamente en incentivos, estamos invirtiendo más de medio millón de pesos por semana.
“UN CAMBIO DE PARADIGMA”
-¿La competencia sobre el tema es nacional o las provincias entran en juego en algún punto?
-Si bien la Ley es nacional y la competencia la tiene el RENAR y, a partir 1994, la única credencial válida es la que otorga el RENAR, las provincias tienen el Registro Provincial de Armas (REPAR), que, además de poder fiscalizar armerías que estén en su distrito, toman algunos trámites y los envían al RENAR. Nosotros coordinamos las tareas que tienen que ver con la fiscalización. En los últimos diez años lo que cambió fue el paradigma: tenemos que optimizar el registro porque, a partir de él, vamos a poder controlar y fiscalizar. En 2012, pasamos de un esquema de registración en papel a un esquema totalmente informatizado. Ahora hemos implementado un sistema para controlar las municiones.
-¿De qué forma actúa el RENAR en los procesos de judiciales en los que se secuestran armas?
-Nosotros tomamos nota de que la mayoría de los depósitos judiciales estaban llenos de armas que no habían terminado de ser decomisadas por la Justicia. Es decir, habían sido secuestradas por la Policía, pero la Justicia no terminaba de decomisarlas. Pasaban años y seguían quedando ahí. Entonces empezamos a informatizar el sistema. Para eso tuvimos que crear un nomenclador único porque cada uno de los actores –el fabricante, el armero, el distribuidor, el usuario y el RENAR– tenía una manera diferente de nombrar el arma y la base de datos estaba muy desordenada. A partir de este sistema, comenzamos a ir directamente a los depósitos judiciales con equipos de cinco personas, computadora y cámara de fotos. Volcamos todos los datos en el sistema; confeccionamos un listado y empezamos a entrevistarnos con las Cortes provinciales. Les propusimos que, a través de una acordada, ellos autorizaran la destrucción de esas armas. Para entender la importancia del trabajo del RENAR, veamos las cifras. Entre 1993 y 2002, se destruyeron 40.000 armas en la Argentina. Entre 2003 y 2013, se destruyeron 272.000, de las cuales más de 100.000 fueron destruidas en los últimos tres años.
-¿Cuál es la regulación sobre los polígonos de tiro?
-Los polígonos de tiro son lugares habilitados para que se puedan utilizar las armas. En Argentina, a diferencia de en otros países, se diferencia claramente la tenencia de la portación de armas. Primero hay que convertirse en legítimo usuario y después se puede acceder a la tenencia. En cambio, portación significa que el Estado argentino autoriza a un civil a tener el arma cargada para utilizarla en un lugar público. Nosotros redujimos en más de un 2000 por ciento las portaciones otorgadas a civiles. Fue una decisión importante. En 2003, había más de 9000 civiles autorizados por el Estado para tener un arma cargada en un lugar público. El año anterior, 2002, había sido aquel en el que más gente había muerto por armas de fuego: 4400. Entonces nosotros tomamos una firme decisión política: restringir la autorización para portar armas. En 2013 apenas autorizamos a 360 personas en todo el país para la portación de armas.
-¿Qué otras actividades llevan adelante desde el RENAR, en el marco del programa de desarme voluntario?
-Nosotros queremos problematizar la cuestión de la tenencia de armas. Gran parte de las personas cree que la mayor cantidad de muertes por uso de armas de fuego en el país se da en ocasión de delitos. Eso no es cierto. Nuestros estudios y los de la Corte Suprema de la Nación y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires coinciden en señalar que la mayoría de las muertes por armas de fuego se dan entre personas que se conocen previamente, ya sea por violencia familiar, violencia de género o peleas entre vecinos. Solo dos de cada diez de estas muertes se dan en ocasión de robo. Existe el mito equivocado de creer que, si voy a morir a morir a manos de quien me está robando, me tengo que defender. Nosotros elegimos actividades para problematizar este mito y las llevamos a cabo, como ir a las escuelas y conversar con los alumnos. Ahora estamos por lanzar, con el Ministerio de Educación, un libro para los docentes que se titula Desarmando mitos; construyendo argumentos. En el caso de los chicos, ellos traen sus juguetes bélicos y nosotros simulamos la destrucción de esos juguetes; se llevan, a cambio, juegos de mesa, pelotas, camiones, etc. La idea es que nosotros podamos charlar con los padres y que se problematice la presencia de armas en el hogar. No es tan simple; tener un arma no quiere decir que la persona tenga la valentía o los reflejos para utilizarla. Es un tema mucho más complejo.
-¿Tuvieron repercusiones a nivel regional por el programa de desarme?
-Nos han invitado desde muchos países. En una gran diferencia con la regulación de la actividad en el resto de los países de América del Sur y Centroamérica, donde la mayoría de este tipo de organismos está conducido por militares. Acá también lo estaba, hasta que Néstor Kirchner decidió pasar el RENAR del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando nos invitan por el desarme, generalmente son invitaciones de organizaciones de la sociedad civil, de la ONU o el PNUD. En cambio, cuando nos invitan por el sistema que diseñamos para registración, lo hace algún organismo que se dedica al control de armas. Nosotros ahora, en la primera semana de noviembre, tenemos una reunión del Mercosur y vamos a ofrecer el sistema para que lo puedan utilizar otros países.
Publicada en Defensa & Seguridad
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