La Justicia aceptó la demanda del Gobierno para declarar nula la renegociación con Ausol

La justicia aceptó la demanda del Gobierno nacional sobre la decisión administrativa que se llevó a cabo durante la gestión de Mauricio Macri ocurrida en el 2018. La semana pasada se presentó una demanda similar contra el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) sobre el acceso oeste.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa presentada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que interpuso una demanda para declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación ratificado por el mismo con Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios.

Asimismo, la semana pasada se presentó la respectiva acción de lesividad con el objetivo de modificar el acuerdo integral de renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A (GCO).

“Estas acciones tienen como objetivo que se declaren nulos los acuerdos integrales de renegociación que establecían, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de las concesiones por 10 años”, indicaron desde la cartera nacional.

Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 veces en el Acceso Oeste.

De forma previa a la sustanciación de las demandas, el Ministerio de Obras Públicas solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de medidas cautelares a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de los accesos Norte y Oeste.

Qué establecían los acuerdos del 2018

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.

Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores.

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000.

Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

También es muy importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.