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Fue descubierta una red de lavado vinculada al tráfico de cocaína

Fue descubierta una red de lavado vinculada al tráfico de cocaína

Los cuatro sospechosos detenidos forman parte de una familia que había sido investigada en Europa por tráfico de cocaína; la causa empezó al detectarse la compra de tres propiedades. Allanaron un departamento de Puerto Madero; en los countries Santa Bárbara, en Tigre, y Ayres Chico, en San Fernando; en una guardería náutica de Tigre, y en un inmueble de Pinamar, entre otras propiedades.

Fueron tres las operaciones inmobiliarias que llamaron la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF). Con una diferencia de ocho meses, Gonzalo Blanco Di Sipio, según detectó el organismo, adquirió tres propiedades en San Isidro, Tigre y Pilar. Las sospechas dieron origen a una investigación por lavado de activos proveniente del narcotráfico que en las últimas horas derivó en la detención de cuatro sospechosos integrantes de una familia y el secuestro de 11 automóviles y 11 motos de lujo, una lancha y $3.470.000 en efectivo.

Los detectives policiales y judiciales que participaron de la investigación estiman que años atrás parte de los sospechosos hicieron negocios ilícitos con la mafia calabresa y que después invirtieron las ganancias en la Argentina.

Así lo informaron calificadas fuentes policiales y judiciales. Diego Di Sipio, uno de los detenidos en las últimas horas por orden del juez federal de Morón Néstor Barral, ya había sido arrestado en 2008 durante una investigación de la fiscalía italiana Antimafia de Trento y fue acusado de integrar una organización de narcotraficantes que enviaba cocaína y éxtasis a Europa. En 2015 volvió a ser apresado por una investigación en Valencia, España, en una causa de lavado de activos de origen ilícito.

Barral ordenó una serie de allanamientos en un departamento de Puerto Madero; en los countries Santa Bárbara, en Tigre, y Ayres Chico, en San Fernando; en una guardería náutica de Tigre, y en un inmueble de Pinamar, entre otras propiedades.

“Fueron meses de trabajo que llevaron a la conclusión de que una familia había adquirido bienes inmuebles que llamaban la atención. Fue un investigación patrimonial. Además de invertir el dinero en inmuebles, adquirieron una lancha, automóviles y motos, pero sin poder justificar el origen de los fondos”, afirmó la comisario inspector Graciela Molina, jefa del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina (PFA).

En los allanamientos realizados por la PFA se secuestraron tres vehículos Mercedes-Benz, un Chevrolet Corvette, un Ford Mustang, una camioneta VW Amarok, una camioneta Jeep Wrangler y un Fiat 600 de colección, entre otros autos. También se decomisaron motos BMW, Harley Davidson, Honda, Yamaha y Kawasaki, entre otras.

Gonzalo Blanco Di Sipio, cuyas operaciones inmobiliarias dieron origen al inicio de la investigación, fue apresado en el country Santa Bárbara. Su primo, Diego Di Sipio, fue detenido en su departamento de Puerto Madero.

Cuando comenzó la investigación, según explicaron las fuentes judiciales, también estuvo bajo la lupa de los investigadores Norberto Blanco, el padre de Gonzalo Blanco Di Sipio, pero falleció durante el avance de la pesquisa.

Las otras personas detenidas en la causa de lavado de activos, según fuentes judiciales, fueron Lilia Di Sipio y Paola Pérez, madre y cuñada de Gonzalo Blanco Di Sipio, respectivamente.

En 2002, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de San Martín había condenado a Rodrigo Blanco Di Sipio, hermano de Gonzalo y pareja de Pérez, a la pena de 12 años de cárcel por el delito de comercio de estupefaciente. Falleció poco tiempo después. En esa misma causa, Pérez fue condenada a siete años y seis meses de prisión.

“En 2016, cuando se aprobó la ley de blanqueo, Pérez y Diego Di Sipio habrían repatriado bienes desde el exterior por un valor de $50.000.000″, afirmó un detective judicial que participa de la investigación.

En el expediente de lavado de activos, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal de Morón Santiago Marquevich. Como se consignó, la causa empezó con un informe de inteligencia que la UIF le remitió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

“Los investigados no pueden justificar su incremento patrimonial en varios ejercicios contables de los últimos años”, sostuvo el fiscal Marquevich en un dictamen presentado ante el juez Barral.

Según resaltó el fiscal Marquevich, su colega de Barcelona Roberto Valverde Megías en un escrito de acusación explicó que durante la primera década de 2000, Diego Di Sipio y cuatro de sus familiares más directos “desarrollaron una intensa actividad delictiva vinculada con el tráfico de drogas” entre España, Italia y la Argentina.

Finalmente, según se desprende de la investigación judicial, Diego Di Sipio fue absuelto en enero de 2008 por el Tribunal de Trento de la acusación de enviar una tonelada de cocaína a España, entre otras imputaciones.

Incremento patrimonial

“Se tiene por suficientemente acreditado, para el estándar probatorio requerido en esta etapa del proceso que las personas antes mencionadas evidencian un incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo, evidencien operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el aumento patrimonial o las transmisiones de dinero, y la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionadas con ellas”, detalló el fiscal Marquevich en el dictamen donde solicitó 20 allanamientos.

Además, hubo otros cuatro detenidos en una causa paralela, que fueron acusados de integrar una asociación ilícita. Según la comisario inspector Molina, parte de las inversiones provenientes del lavado de activos fueron destinadas a la adquisición de estaciones de servicio en la zona oeste del conurbano.

“Entre otras ilícitos habría adulterado el combustible que le vendían a los clientes de las estaciones de servicio”, dijo una fuente judicial.

Fuente: Gabriel Di Nicola para La Nación


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