El largo y sinuoso camino de las mujeres al poder

Por Emilia Cerra*

Argentina fue en 1991 el primer país del mundo en sancionar una Ley de Cupo Femenino, estableciendo la obligatoriedad de un 30% de candidatas mujeres en listas legislativas nacionales. En 2017, se sancionó la Ley de Paridad instando a los partidos a presentar listas de candidatos para las dos Cámaras del Congreso Nacional conformadas por legisladores varones y mujeres de manera alternada, con el fin de que hubiera un cincuenta por ciento de cada género. Sin embargo, Argentina no solo fue pionero en términos de participación política de mujeres en materia legislativa. El movimiento de mujeres argentino, sin ir más lejos, también exhibe altas capacidades de movilización y organización cristalizadas en los 8 de marzo, en las marchas de Ni Una Menos y las movilizaciones por el derecho al aborto.

Pero el Poder Legislativo, aunque es un órgano vital para el funcionamiento democrático y esencial en la cotidianeidad de la cosa pública, no es el único lugar donde se disputa poder. Los cargos ejecutivos también son plataformas que permiten participar en la toma de decisiones, no solo de política pública sino de cómo se reparten recursos y, desde el lado más humano, cómo se gestan nuevas conquistas. De forma continua, la política tradicional ha mostrado sus limitaciones a la hora de incorporar más mujeres a la arena pública. Desde el retorno a la democracia, solo nueve mujeres fueron electas como gobernadoras provinciales. Argentina aún no ha tenido un gabinete nacional paritario. En la actualidad, solo 4 de 21 ministerios nacionales están liderados por mujeres, representando una mejora de solo un punto porcentual con respecto al magro 18% que ostentaba el gabinete de Mauricio Macri cuando dejó el poder. Las provincias también están lejos: solo el 30% de los ministerios están encabezados por mujeres. A principio de 2019, eran alrededor del 19%.

Las leyes de cupo y paridad han sido herramientas fundamentales en la construcción de este camino. Sin embargo, también mostraron sus limitaciones para seguir promoviendo más mujeres en política. A pesar de la Ley de Paridad, sólo el 18% de las listas legislativas en las elecciones de 2019 estaban encabezadas por mujeres. La pregunta entonces es: ¿cómo avanzar en términos de participación? O mejor dicho, ¿cómo avanzar en términos de democracia si entendemos que es el gobierno del pueblo y el pueblo no está representando fehacientemente en la clase dirigente en todos los espacios de poder? Para comenzar a esbozar una respuesta, otros países están discutiendo las garantías de equidad.

Se entiende por garantías de equidad a los mecanismos tendientes a eliminar factores no necesariamente institucionales que actúan como obstáculos para la participación igualitaria en la política. El debate sobre la equidad es superador, englobando tanto la igualdad como la paridad, entendiendo la primera como la adquisición de derechos civiles y políticos y la segunda como una extensión para mejorar la representatividad de los mismos. La equidad las excede, incluyendo la eliminación de barreras de facto que actúan como imposibilitadores para la real participación de las mujeres en la vida pública. Se trata específicamente de no limitar el ejercicio del poder público a partir de tareas que culturalmente han sido asignadas al género femenino, como por ejemplo las responsabilidades de cuidado. Hablar de garantías de equidad no solo implica abordar el tan postergado debate del trabajo no remunerado, sino que incluye otros temas como la violencia política o los arreglos no institucionales y las reglas informales.

La violencia política se presenta como uno de los mayores desafíos. En 2018, una encuesta llevada a cabo por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indicó que el 98% de las mujeres legisladores encuestadas habían sido víctima de violencia simbólica. Otro estudio reciente de la misma organización arroja que el 60% de los episodios de violencia política que de los que son objeto las mujeres ocurren por redes sociales a través de expresiones discriminatorias, acoso, desprestigio y amenazas. Los factores que intervienen son varios pero todos ellos, desde limitaciones jurídicas hasta la capacidad de planificar una familia de manera activa (y la contracara de decidir sobre el propio cuerpo), influyen en el involucramiento de las mujeres en el debate público.

¿Cómo es entonces el largo y sinuoso camino de las mujeres al poder? ¿Es un imposible la equidad real en la política mientras en el ámbito privado no se redistribuyan las tareas de cuidado? ¿Entiende la rosca política de licencias de maternidad? ¿Cómo entra en juego la planificación familiar y la capacidad de decidir cuándo gestar? La respuesta correcta y completa es difícil de obtener, pero debe incluir una combinación que contemple replantear prácticas sociales y culturales que tradicionalmente fueron asignadas a las mujeres y evaluar del juego democrático, así como el rol de sus principales actores: los partidos tradicionales y las bases de militantes. Para ello, podemos plantear un juego de cajas chinas; mientras los resultados de los cambios sociales y culturales se van dando a un paso más lento, los partidos políticos pueden promover prácticas para generar mejores condiciones en sus espacios. Estas van desde los protocolos en casos de violencia así como la responsabilidad institucional, la formación específica para sus cuadros y la jerarquización de los comités de mujeres y diversidades dentro de la estructura partidaria. Esto debe incluir, además, otros géneros para tender lazos de solidaridad. El Estado puede alinearse en el mismo camino a partir de fondos adicionales y publicidad para partidos con más candidatas mujeres en tiempos electorales.

El nivel de representatividad de la democracia argentina no puede depender de la voluntad de los varones, sino de generar acuerdos institucionales para promover una mayor participación. El ámbito legislativo es solo un primer eslabón en la larga cadena de espacios dónde las mujeres deben tener garantizada la posibilidad de disputar poder (y conseguirlo). Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer y cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. En el siglo de las mujeres, nosotrxs ya entramos en política. Ahora son los actores políticos tradicionales los que irrevocablemente tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, para garantizar para nosotrxs y la posteridad, un mejor ejercicio democrático.

(*) Emilia Cerra, licenciada en Estudios Internacionales (UTDT) y consultora en políticas públicas y género.

Nota publicada en Abro Hilo