Cómo gobernar la educación bonaerense

Por Carolina Foglia, Sergio Agoff y Julián Bertranou *

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el más extenso y complejo del país y uno de los más vastos de América Latina. Concentra aproximadamente el 36,7% de los alumnos, el 30,3% de los cargos docentes y el 30 % de las unidades educativas de todo el país. El gasto que realiza en la materia representa alrededor del 36% del gasto público provincial- compuesto principalmente (aprox. 96%) de salarios docentes de escuelas públicas y privadas (DINIECE, 2011 y CGECSE, 2009).

Una gestión de tales magnitudes y, la complejidad del sistema, aumentada por la dispersión territorial de los servicios educativos, convoca a una reflexión sobre los problemas de gobierno. Así, gobernar el sistema educativo bonaerense requiere, además de los recursos económicos y financieros necesarios, de una burocracia central articulada que sea capaz de implementar las políticas atendiendo a una variedad de dimensiones (pedagógica, administrativa, política y territorial).

La burocracia central de la Dirección General de Cultura y Educación se ha adaptado a los cambios producidos en el contexto político y social, logrando poner en comunicación, sin obviar sus momentos conflictivos, a distintos actores del sistema, intentando que los objetivos de política se cumplan a lo largo de todo el territorio provincial. Su conocimiento de las funciones pedagógicas propias (definición curricular, evaluación del sistema, capacitación docente, entre otras), aún mostrando ciertas dificultades para la producción y validación de información para la gestión, la ha convertido en un actor clave en el acompañamiento e implementación de proyectos de muy distinta orientación, tales como la reforma educativa de los años 90 y su contestación en la primera década de los 2000.

Sin embargo, la existencia de esa burocracia funciona como condición necesaria para el manejo de un sistema tan complejo, pero no suficiente. La concentración de las decisiones en esta estructura central, que tiende a nutrirse de sí misma expulsando lo que se caracteriza como ajeno, se enfrenta con las posiciones que abogan por el despliegue de mayores autonomías y por una redistribución de responsabilidades y competencias de gestión hacia actores locales en los niveles regionales y distritales. La incorporación de otros actores, aparece como condición que permita revertir la posición de objeto de una política para ser sujeto de la misma.

Los intentos de incorporar a actores ‘extra’ sistema en el proceso decisional no tuvieron continuidad o no se encuentran consolidados, lo que da cuenta de un sistema extremadamente endogámico, estructurado casi únicamente a partir de actores del aparato institucional.

En el primer caso, observamos la creación de los Consejos de Escuela -integrados por padres, docentes, no docentes y actores sociales de la comunidad en el año 1988- que quedó abortada al finalizar la gobernación de Cafiero. En el segundo, la creación de las UEGD (Unidades Educativas de Gestión Distrital) incorporó a las autoridades municipales y la federación de cooperadoras escolares pero con un funcionamiento muy dispar según los distritos. Así, la influencia de los municipios reviste un carácter débilmente formalizado y marginal en lo que refiere a las funciones sustantivas del sistema. Su injerencia se observa en la confección de listas de candidatos de los Consejos Escolares (organismos locales electivos de la Dirección General de Cultura y Educación) y del aporte de fondos para su funcionamiento, en la elección de los inspectores distritales y/o en la provisión de infraestructura para el desarrollo de algunos programas educativos de la provincia. La debilidad en los procesos de incorporación de actores “extra” sistema enfatiza su carácter endogámico.

En los últimos años, ha tomado fuerza la idea de un mejor gobierno educativo. En nuestra experiencia de investigación, la contradicción expresada, además de mostrar una tensión, nos permite plantear un escenario de cambio: la combinación de las capacidades burocráticas, mencionadas precedentemente, en el marco de la incorporación de actores externos al sistema. La participación de estos actores en instancias de decisión cercanas a los territorios contribuiría al establecimiento de metas ajustadas a contextos diversos y dotaría al conjunto de la política de una nueva legitimidad.

* Carolina Foglia. Politóloga.  Investigadora docente del área de Estado, Gobierno y Administración Pública de la Universidad de General Sarmiento. // Sergio Agoff. Lic. en Psicología (UBA). Candidato al doctorado en Ciencias Económicas (UBA). Magister en Administración Pública (UBA). // Julián Bertranou. Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Lic. Administración Pública y Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Cuyo).

Fuente: Bastión Digital