by Sabrina Garcia | 8 enero, 2025 8:20 am
Por Sabrina García
Trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando informaron con pesar el cierre definitivo del organismo.
“Con profundo pesar informamos el cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando”, informaron los trabajadores del sector en un comunicado en donde agregaron que la “decisión se ejecutó de manera deliberada, progresiva y cruel a lo largo del 2024”.
El CAJ se inauguró en el año 2015 en la sede donde también funcionaba el CDR (organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social), en Sarmiento casi esquina Perón. Con la llegada del gobierno de Milei el organismo de Desarrollo Social fue cerrado y el CAJ se mudó hacia la Capilla María Estrella, ubicada en De Marzi esquina Ayacucho.
Pero no solo se llevó a cabo la mudanza, de enero a diciembre se realizaron “despidos de manera escalonada”, convirtiéndose en “un proceso tortuoso que se caracterizó por la falta de reemplazo de autoridades y la ausencia de una línea coherente de trabajo con el Ministerio de Justicia a nivel nacional”, destacaron los trabajadores del sector. Finalmente el procedimiento se culminó con la totalidad de despidos de los trabajadores el 30 de diciembre pasado.
Desde su apertura el CAJ de San Fernando “recepcionó más de 15.000 consultas”. Los ex trabajadores destacaron que entre sus logros se encuentra la “creación de un protocolo de intervención en casos de violencia de género; la conformación de la red de trabajo interdisciplinario e interinstitucional de la región que incluía instituciones gubernamentales de salud, educación, seguridad, justicia y género; la realización de más de 3.000 mediaciones comunitarias, entre ellas conflictos vecinales, cuota alimentaria, y régimen de comunicación y relación familiar”.
Además destacaron el trabajo federal del organismo en donde articularon con “los otros 82 centros”. “Gracias a esta red, se resolvieron situaciones de personas nacidas en otras provincias que no podían viajar para realizar trámites”, en este punto y a modo de ejemplo comentaron la situación de un ciudadano uruguayo que no contaba con DNI argentino ni de Uruguay y que a partir de trabajo del CAJ con el hospital de islas, el consulado, Migraciones, Prefectura y RENAPER, lograron que el ciudadano accediera a una residencia temporaria y luego a una permanente, “permitiéndole el acceso pleno a derechos”.
El equipo interdisciplinario del CAJ estaba compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, dos abogadas y un administrativo. “El cierre del CAJ no solo representa una pérdida para la comunidad local, sino también un retroceso en el acceso a la justicia y la garantía de derechos fundamentales”, destacaron sus ex trabajadores.
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