Potenciar al sector audiovisual

Por Diego Rossi *

De la mano del incremento general del PBI durante la última década, el sector cultural ha llegado a aportar a la economía más del 3 por ciento del Valor Agregado Bruto total, y más de 340.000 empleos, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca). En este contexto, la industria audiovisual ha generado una producción sin precedentes de películas, series de ficción y documentales financiados mayoritariamente con fondos públicos, provenientes tanto de mecanismos preexistentes (concursos y subsidios Incaa) más fondos de ministerios estatales con señales propias y partidas del Ministerio de Planificación de la Nación. Además, la TV del entretenimiento mantuvo su dinamismo, fuertemente influida por la inversión publicitaria en los principales medios capitalinos, con anunciantes también oligopólicamente concentrados.

A este fondeo por publicidad del “sistema tradicional” de la TV abierta privada (y sus vinculaciones con canales del interior y señales de TV paga) cabe sumarle una parte del excedente producido por los abonos de la TV por cable. Pero como sucede a nivel mundial, acá también se percibe una creciente deriva hacia plataformas digitales y agregadores de contenidos. Las estadísticas sobre inversión publicitaria en Internet no demuestran rigurosidad, ni las empresas globales transparentan ingresos por país; sin embargo se estima que las pautas contratadas ya superan el 10 por ciento del total de inversión publicitaria local. Mientras por el lado del liberalismo político abogamos por la preservación del mayor derecho a libertad de expresión y neutralidad en la red, por otro, proponemos revisar la normativa nacional, en tensión con las naturalizadas imposiciones del librecomercio “en red”.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con su redacción participativa y garante de nuevos derechos de las audiencias, junto a diversas políticas públicas sectoriales, buscaron enriquecer las fuentes de financiamiento. Por ello, no es una casualidad la diversificación de contenidos y el aumento de la cantidad de productoras. Pero hubo cambios desde el año 2009, cuando se sancionó la ley. El “sistema tradicional de TV abierta y de pago” perdió su exclusividad a la hora de negociar derechos de exhibición o de condicionar pantallas. Las popularizadas plataformas digitales de streaming sustituyen o eliminan intermediarios en la distribución de contenidos. Así, el sueco Vondereau advierte sobre la mutación de agregadores como YouTube hacia incubadoras de canales de TV por Internet con contenidos profesionales.

Proteger la industria audiovisual se presume como una política de Estado, más aún ante la tendencia a la desterritorialización de las emisiones. Las principales asociaciones empresarias de la TV recién ahora plantean medidas-proteccionistas-a-medida, cuando hace pocos años sólo exigían mantener fuera a las telefónicas del negocio de la televisión.

Para hacer operativa la ley 26.838, que asimila al sector audiovisual con la actividad industrial, la diputada Liliana Mazure propone un proyecto de régimen de incentivos fiscales, en sintonía con los que operan en Europa y Brasil, que han demostrado un aumento en los niveles de producción y empleo en los países que lo implementaron (Observatorio Europeo del Audiovisual, febrero 2015).

Otro proyecto de Mazure, ya con dictamen favorable de comisión, incorpora a las señales internacionales de TV paga como sujetos obligados en materia de emisión de contenidos nacionales. En Francia (también en Brasil y Argentina) se estudia el encuadre de las distribuidoras “over the top” tipo Netflix, como exhibidores a nivel nacional, y su territorialidad para ser alcanzadas por los tributos nacionales, lo que permitiría redistribuir recursos afectados para sostener los mecanismos de producción audiovisual independiente.

Los amantes del libremercado seguirán disponiendo de las capacidades instaladas en nuestro país para producir, debido al experimentado staff técnico y profesional existente, y la cantidad de estudiantes cursando en establecimientos estatales, que también son parte de una estrategia de inversión pública para la industria audiovisual argentina.

* Docente investigador U.B.A., Facultad de Ciencias Sociales @diegodrossi.

Nota publicada en Página 12