Río Luján: acción penal ante el avance del lobby inmobiliario

Asociaciones que trabajan en la preservación de humedales y otros sectores del río Luján se constituyeron como damnificados en una causa que se tramita en Mercedes. Permanece la falta de regulación.

Mientras el agua no desborde, la problemática de las inundaciones en el río Luján parece alejarse de la agenda pública. Sin embargo, distintas organizaciones vinculadas a la preservación de humedales y otros puntos de la cuenca se mantienen activas, como intento por frenar una actividad que tampoco cesa: el lobby inmobiliario para mantener el avance en áreas cuya ocupación termina por agravar los fenómenos naturales que perjudican a miles de vecinos en todo el corrido definido por el principal curso de agua, especialmente en los tramos medio y bajo.

De un lado, las asociaciones resolvieron constituirse como particular damnificado en una causa que se tramita desde 2015 en el Juzgado Federal de Mercedes. Lo hicieron mediante una presentación que esperan concretar en estos días, donde expresan su carácter de víctimas del acaparamiento ilícito de bienes interjuridiccionales del dominio público, como lo son los ríos Luján y Paraná, por parte de empresas inmobiliarias. Se apunta también a las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en áreas claves entre 2014 y 2015, durante el gobierno provincial de Daniel Scioli.

Del otro lado, las principales firmas del sector inmobiliario van más allá de su normal proceder y lograron colocar, o están en proceso de eso, a personas de su riñón en sectores estratégicos del Estado Provincial. Tal es el caso de Dante Galeazzi, anunciado como titular de Ordenamiento Urbano y Territorial, aunque su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial (ya estaría en funciones). Su pasado lo vincula al directorio de Nordelta, megaemprendimiento de Tigre responsabilidad de Consultatio, firma perteneciente a Eduardo Costantini, suegro de Galeazzi. Ante esto, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH), creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, expresó su “más enérgico repudio” a la designación de Galeazzi ya que “existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”.

En la Autoridad del Agua (ADA), aparece otro nombre vinculado a una firma largamente conocida por organizaciones que denuncian ocupación y destrucción de humedales. Se trata de su vicepresidente Agustín Sánchez Sorondo, quien sería familiar de Ignacio Sánchez Sorondo, abogado de Eidico, firma conocida en Luján al quedar involucrada por el escándalo que en 2013 cubrió a la fallida aprobación del COU, con una zonificación a medida de un proyecto que pretendía impulsar en la ciudad. El caso más conocido de denuncia contra la empresa radicada en Tigre se relaciona con el emprendimiento San Sebastián, de Pilar, denunciado por ocupar el valle de inundación del río Luján.

Por otra parte, a través de su portal web, el sitio arqueológico Punta Querandí difundió recientemente el nombramiento de Carmelo Guerra como presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR). En el artículo se destaca que “el ahora funcionario es un ‘experto en la construcción de barrios privados’ con pasado en dos empresas líderes en la destrucción de humedales: Eidico y Consultatio”.

“Carmelo Guerra inició su carrera en la multinacional Techint y luego, entre 1998 y 2007, fue director de obras de Eidico donde dirigió las construcciones de los barrios Santa Bárbara, Santa Catalina, San Isidro Labrador, Santa Clara, Haras Santa María y El Encuentro. Entre 2007 y 2011 trabajó como director de Obras en Consultatio, con proyectos como Ciudad del Lago (en Escobar), barrio Las Garzas Blancas (Rocha-Uruguay) y puente Ruta 10 (Rocha-Uruguay). Desde 2013 a la actualidad se desempeñaba como director de Obras de F. J. Abello & Asociados, donde estuvo al frente del proyecto Venice (Tigre) y Lagos de Hudson (Berazategui)”, describe el artículo.

La información agrega que “una gran parte de los proyectos ejecutados por Carmelo Guerra fueron cuestionados por organizaciones ambientales, vecinos y expertos, algunos de ellos incluso fueron judicializados como Venice”.

Los vecinos plantearon sus dudas

Sergio Frascaroli es una de las caras visibles de Inundados de Luján, agrupación creada hace varios años y que hoy trabajaba para constituirse como asociación civil. El espacio participó de una reunión que el fin de semana pasado se realizó en la ciudad, con organizaciones como Fundación Biósfera, Patrimonio Natural, Vecinos del Humedal y el Consejo Ambiental de Tigre.

“Otra de las acciones es recurrir a la Justicia, porque vemos un montón de irregularidades, con nombramientos llamativos, licitaciones millonarias como el caso del Canal Santa María, por 738 millones de pesos. Un canal de siete kilómetros. Ningún ingeniero hidráulico que hemos consultado nos dice que ese canal es beneficioso”, expuso en referencia a las obras que Provincia proyecta, sin detalles públicos, como supuesto intento de disminuir los efectos de las inundaciones.

Como informó EL CIVISMO, el único dato que se tiene se vincula a la ampliación del mencionado canal y la construcción de otro: “Cuando nos visitó Tomás Vanrell, director ejecutivo del COMILU, le preguntamos si ese canal se iba a hacer, pero él negó la construcción de ese canal. Ahora vemos que sale la licitación del canal que nosotros habíamos denunciado porque además atraviesa la Reserva Otamendi, donde hay sospechas de que con los tres millones de metros cúbicos que se van a sacar se va a hacer un camino para favorecer la instalación de otro emprendimiento inmobiliario”.

En relación a la reunión que tiempo atrás mantuvieron con el titular del nuevo Comité de Cuenca, Frascaroli destacó que “si a nosotros un funcionario, en este caso a cargo del COMILU, nos dice una cosa y en la realidad vemos otra, nos vemos obligados a recurrir a la Justicia”.

“Este canal no tiene estudio de impacto ambiental. Por este caso intervino Parques Nacionales y un grupo de asociaciones está pidiendo un amparo judicial para que se frene la construcción de ese canal. Se hacen las cosas de manera extraña, para no decir otra cosa. Nunca estuvo dentro de los planes de la empresa Serman hacer un canal nuevo. Sólo estipuló la ampliación del canal Santa María, que ya existe. Según fuentes de Provincia, dicen que ese canal beneficiaría cuando el río Paraná esté bajo para escurrir el 80 por ciento del volumen del canal. Cuando hay inundación, la gran masa de agua va al humedal y éste absorbe el agua excedente del río. Cuando no hay inundación, un 80 por ciento del caudal normal va a ir por este canal”, resumió.

Fuente: Nicolás Grande para El Civismo